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Cuando el impago de un préstamo personal se alarga, la entidad no tiene vía libre para quedarse con lo que le parezca. El embargo es un procedimiento judicial reglado, con un orden que seguir y una lista de bienes que la ley protege pase lo que pase. Aquí tienes el mapa completo de qué se puede embargar y qué no, según la normativa española.
Un banco no puede embargarte por dejar de pagar una cuota. Antes tiene que reclamar la deuda por vía judicial —normalmente mediante un procedimiento monitorio o una demanda ejecutiva si el préstamo tiene fuerza ejecutiva—, obtener una resolución que le autorice a ejecutar, y solo entonces solicitar al juzgado el embargo de bienes concretos. Es un proceso que lleva meses, no algo que ocurra de un día para otro tras el primer recibo devuelto.
El artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un orden de prelación que el juzgado debe respetar, salvo acuerdo distinto entre las partes: primero dinero en efectivo y saldos en cuentas bancarias, después joyas y objetos de valor, a continuación rentas, sueldos y pensiones, y solo al final, cuando no hay otra vía suficiente, bienes inmuebles como la vivienda. Este orden importa: en la práctica, muy pocos embargos por un préstamo personal llegan a tocar la vivienda, precisamente porque antes hay que agotar el resto de bienes disponibles.
Aquí no hay vía libre: el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil protege la parte de tus ingresos igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional, que es completamente inembargable. Por encima de esa cifra, el embargo se aplica por tramos progresivos, así que cuanto mayor es el ingreso, mayor es el porcentaje embargable sobre esa parte adicional, pero nunca sobre la totalidad.
El saldo de tus cuentas puede embargarse, pero con los mismos límites que protegen el salario cuando ese dinero procede de una nómina o pensión, y respetando siempre que no se puede dejar la cuenta en descubierto por el propio embargo.
Una vivienda, un local o un terreno a tu nombre puede embargarse y, si llega a ese extremo, subastarse para pagar la deuda. Como hemos visto, es el último recurso dentro del orden legal, no el primero, y solo se llega aquí cuando no hay bienes suficientes por otras vías.
Un coche o una moto de tu propiedad pueden embargarse y venderse, salvo que sea una herramienta imprescindible para tu trabajo —el caso de un repartidor, un taxista o un comercial que depende del vehículo para generar ingresos—, en cuyo caso puede quedar protegido si no hay otra forma de ejercer esa profesión.
Si tienes una propiedad alquilada, las rentas que percibes por ella pueden embargarse, total o parcialmente, siguiendo la misma lógica de proporcionalidad que el resto de ingresos.
Si eres socio de una sociedad, tus participaciones o acciones también pueden embargarse como derecho económico, aunque en la práctica es un embargo más complejo de ejecutar que el de una cuenta o un salario.
Joyas, equipos electrónicos de gama alta o mobiliario que se considere superfluo pueden entrar en el embargo, según el orden de prelación del artículo 592 —de hecho, las joyas y objetos de valor se embargan antes que el sueldo, no después—.
El artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una lista de bienes absolutamente inembargables, sin excepción posible:
A esto se suma el artículo 606, con una segunda capa de protección algo más matizada:
Un embargo que recae sobre alguno de estos bienes absolutamente protegidos no es solo recurrible: es nulo de pleno derecho, y se puede pedir su levantamiento en cualquier momento, sin plazo de caducidad para impugnarlo.
Si compartes cuenta o titularidad de un bien con alguien que no tiene nada que ver con tu deuda, esa persona puede oponerse al embargo de la parte que le corresponde, demostrando ante el juzgado que ese bien o ese dinero es suyo, no tuyo.
Saber qué te pueden embargar ayuda a entender los límites del proceso, pero no resuelve el problema de fondo si la deuda del préstamo, sumada al resto de lo que debes, ya no es asumible con tus ingresos. Para esa situación existe la Ley de Segunda Oportunidad: un procedimiento judicial que, entre otras cosas, paraliza los embargos en curso sobre las deudas incluidas mientras se tramita, y puede acabar con la cancelación legal de lo que no puedas pagar.
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